Estoy entre los que consideran absurda la unificación de las elecciones. Soy de los que considera que, sobre todo en el caso de los municipios, es un paso de retroceso.
Me encuentro entre los que no comparten un período de seis años, no sólo porque eso no tiene precedentes en la historia constitucional del país, sino además por entender que en medio de una crisis tan difícil como la que vive el mundo estamos sujetos a cambios que pueden tener repercusiones dramáticas en la gobernabilidad y sería un contrasentido postergar las posibilidades de producir cambios en los poderes con el más alto grado de representatividad.
Obligar a los municipios a padecer durante seis años gestiones que no llenen sus expectativas es alimentar bombas de tiempos en circunstancias que son de por sí explosivas.
Todo el que es dueño de una patente por 6 años, será menos sensible a los cuestionamientos de los medios de opinión y menos diligente ante los requerimientos de los pobladores.
Soy de los que cree que el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, jugaron a la irresponsabilidad con el tema de la nacionalidad.
Soy de los que reniega de la hegemonía caudillista y de lo que aspiran a la promoción de un liderazgo más comprometido con una base programática que con el culto a la personalidad.
Pero, pese a esos reparos, entiendo que nadie, absolutamente nadie ha salido derrotado de ese convenio.
Los que piensan que el pulso del presidente Fernández fue doblado, se equivocan.
Entendía la inaplazable necesidad de ponerle freno al número de senadores y diputados, y de hacerlo con aplicabilidad a una próxima elección, pero aparte de ese tema, éste no es un país con una crisis constitucional, que ameritara que eso fuera más prioritario que encarar la crisis que nos asedia.
El motor de la reforma constitucional fue la necesidad de ampliar los horizontes de las aspiraciones presidenciales de Fernández, que conforme a la Constitución vigente se cerraban con el agotamiento del actual período. Ese objetivo fue salvado.
El ingeniero Miguel Vargas, por su parte, se alza con una reivindicación muy oportuna en función de sus objetivos inmediatos, la del reconocimiento que ese acuerdo lleva implícito como principal figura del Partido Revolucionario Dominicano y de la oposición, pero además, se arraiga con aspiraciones históricas del líder referente del perredeísmo, que parecían desahuciadas, como la de la prohibición de la reelección desde el poder.
Si además se toma en cuenta que había suscrito un compromiso con otros líderes de su partido en el que se comprometía a no procurar reelegirse en caso de ganar las elecciones, se observa una línea de coherencia que incrementa su valoración positiva frente a algunos sectores.
Ocurre, sin embargo, que en la política no hay una acción que sea tan buena que no acarree inconveniencias, y para el ingeniero Vargas Maldonado, hay dos que no pueden ser menospreciadas.
La primera es la de la rehabilitación política del ex presidente Hipólito Mejía, factor que no estaba presente cuando buscó por primera vez la candidatura presidencial de su partido. Se sabe que su popularidad en estos momentos es mayor que la de Mejía, pero hay un trayecto muy largo por recorrer y la política es muy cambiante.
El segundo riesgo, es que la clara definición de la imposibilidad de que el presidente Leonel Fernández se presente como candidato de su partido en las elecciones del 2012, deja con mucho tiempo de antelación abierta la posibilidad de que el partido de la Liberación Dominicana pueda articular una candidatura fuerte, cosa que no es muy difícil para un partido que ocupa el primer lugar de las preferencias políticas y que tiene entre sus potenciales candidatos a un hombre del peso y la trayectoria del licenciado Danilo Medina, que debe ser el político mejor valorado con el que cuente el país en estos momentos.
Lo más importante es que sean quienes fueren los candidatos del PRD y del PLD, los otros aspirantes saben que no serán sus contendores en el proceso siguiente y que todo el que se cree con condiciones para ostentar la candidatura presidencial de su partido, lo que tiene es que hacer su trabajo.
El pacto no es un modelo democrático y la prisa con la que se acordaron temas que debieron ser fruto de decisiones más reflexionadas. nos expone a medidas de contra reforma como las enumeradas, aún así tiene más beneficios que perjuicios, y lleva sosiego a un país que lo requiere para impulsar otros convenios, porque si las principales fuerzas han acabado concertando la reforma constitucional, bien pueden concertar otros temas.
