El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, ha recibido dos condenas, una de 12 años y 11 meses y otra de 12 años y 1 mes, que sumada llega a 25 años de prisión, por no poder explicar de dónde sacó los recursos para comprar un apartamento de 710 mil reales (US$140 mil dólares) y donaciones para su campaña por más de 200 mil reales; mientras que en República Dominicana un grupo de políticos, funcionarios y empresarios, se robaron US$92 millones de dólares, por pagos de sobornos de la empresa Odebrecht, y están en la calle, burlándose de la justicia y el pueblo dominicano y desafiando las autoridades de este país caribeño.
En Brasil esto no pasa, sin importar el cargo que el corrupto halla alcanzado y por ello el miércoles, la jueza Gabriela Hardt la sentencia contra Lula da Silva, acusado de aceptar coimas en el sitio de Atibaia hechas por Odebrecht y OAS, con dinero derivado de contratos de Petrobras, por un valor de un millón de reales (unos 330 mil dólares).
De acuerdo con la justicia brasileña, el exmandatario trató de ocultar el inmueble poniéndolo a nombre de Fernando Bittar, hijo del amigo y exalcalde de Campinas, Jacó Bittar.
Lula da Silva fue encarcelado el 7 de abril pasado, con una condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero por beneficiarse con un apartamento de tres plantas en la localidad de Guarujá, en la costa de Sao Paulo, en un juicio dirigido por el juez Sergio Moro.
Según la jueza, Lula recibió sobornos para beneficiar a su Partido de los Trabajadores pagados por la constructora Odebrecht y lavó dinero a través de una reforma hecha por Odebrecht y la firma OAS en la propiedad rural de la localidad de Atibaia, que era frecuentada por él y su familia.
Además, el fallo señaló que Lula y su familia recibieron 700.000 reales en beneficios indebidos de parte de Odebrecht y 170.000 de parte de OAS (233 mil dólares).
La jueza sustituye de manera interina al juez Sergio Moro, que durante años lideró la investigación anticorrupción “Lava Jato” y que actualmente es ministro de Justicia en el gobierno del derechista Jair Bolsonaro.
Keiko Fujimori, excandidata presidencial del Perú, está presa por recibir dinero de Odebrecht; Felipe Calderón, expresidente de México, está siendo investigado; Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, es también investigado; y Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, renunció. Y esto solo es por citar algunos casos.
En el país (el paraíso de la corrupción y la impunidad)
En principio, el Ministerio Público acusó a 13 personas de recibir sobornos por 92 millones de la empresa brasileña Odebrecht, pero luego este grupo fue reducido a solo 7: “Sacaron a funcionarios claves del PLD, que sí sabían de los sobornos, pero tienen miedo de que hablen.
Se trata del mayor caso de sobornos conocido en la región en los últimos años. La multinacional brasileña Odebrecht ha sido acusada en 12 países de pagarlos para ganar contratos de infraestructura y energía. El Departamento de Justicia y las fiscalías suiza y brasileña hablan de 439 millones de dólares en sobornos, de los cuales 92 millones se habrían pagado en República Dominicana.
En el caso de sobornos de Odebrecht en República Dominicana, están involucrados funcionarios de primera línea del actual gobierno que encabeza el presiente Danilo Medina; además de los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.
Entre los primeros encartados en el caso estaban Juan Temístocles Montás, exministro de Industria y Comercio; Andrés Bautista, expresidente del Senado; el exdiputado Ruddy González; los exadministradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura y César Sánchez; el expresidente de la Cámara de Diputados y actual senador, Julio César Valentín; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón.
Además, el senador Tommy Galán, el abogado Conrado Pittaluga; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Roberto Rodríguez; el expresidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y los señores Bernardo Castellano y Máximo D’Oleo. El 8 de junio de ese mismo año, el juez de instrucción Francisco Ortega Polanco le impuso prisión preventiva como medida de coerción a 13 imputados, la cual fue revocada a escasos meses.
El caso dio un giro inesperado el 8 de junio de 2018, cuando ocho de los 14 imputados fueron dejados fuera del expediente. Ellos fueron: Temístocles Montás, quien había admitido que recibió dinero por parte de Odebrecht para la campaña política del presidente Danilo Medina; Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo D’Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura. Fue incluido en el expediente el expresidente del Senado Jesús Vásquez Martínez.
De acuerdo a Participación Ciudadana, la acusación presentada por el procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo capítulo de impunidad.
Agrega que está incompleta la investigación al no incluir al presidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández, al presidente del Senado Reinaldo Pared, al expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez, al ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y al vicepresidente de la CDEEE, Rubén Bichara, entre otros.
“Esta investigación es una farsa al no incluir sobrevaluaciones, financiamiento de candidatos, ni obras construidas en gobierno de Danilo Medina. l procurador protege a los ladrones de su gobierno y del PLD para que sigan gobernando y enriqueciéndose. El pueblo está dispuesto a movilizarse en las calles y gritar bien alto ¡Basta ya de robo público y de impunidad!”, agrega.
Participación Ciudadana (PC), sostuvo que con las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR), en la que señala solo a siete personas como las responsables de recibir sobornos de la Odebrecht, está ocultando las responsabilidades de las gestiones gubernativas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dejando una brecha abierta a la impunidad.
En el expediente acusatorio, la PGR no sólo oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernativas del PLD, sino que además encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5% del monto contratado con Odebrecht, en relación de tres a dos.
“Queda evidente que las investigaciones han evadido las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales que involucran a los asesores políticos del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura. La denuncia de las transferencias a Cine&Art 2013, contiene los bancos utilizados y número de cuentas. Es inadmisible que tras año y medio del escándalo no se hayan realizado las auditorías de los costos de las obras, ni se hayan establecido responsabilidades sobre la violación de la ley de compras y contrataciones, con sobrecostos que en casi todas las obras superaron los límites legales”, dice PC en un documento.
Una prueba del desinterés por establecer el financiamiento ilegal de campañas electorales, es que el exministro Temístocles Montás, quedara liberado de la imputación del año pasado, a pesar de que admitió en un comunicado público que había recibido dinero de Ángel Rondón para la campaña electoral del PLD en las elecciones del 2008, 2012 y 2016.
