El director Dirección General de Desarrollo de la Comunidad pidió este lunes que sea cancelada definitivamente la licencia para que una cementera opere en el Parque Nacional de Los Haitises.
Luis Acosta Moreta, también presidente del Partido Unión Demócrata Cristiana –UDC- y aliado al gobierno dijo que es valiente la sentencia de la jueza del Tribunal Contencioso y Administrativo del Distrito Nacional, Sarah Henríquez Marín, suspendiendo los trabajos de construcción de la cementera.
Aseguró que es atinada la posición de la magistrada Sarah Henríquez Marín, que dispuso la suspensión de los trabajos de construcción de la obra, para evitar que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona.
Apuntó que las organizaciones comunitarias de Gonzalo, en Monte Plata, no son enemigas de la empresa privada, o del desarrollo de la zona, sino que están pidiendo protección para el Parque Nacional de Los Haitises.
Aseguró que los empresarios propietarios de la cementera pueden instalar la empresa en cualquier parte del territorio nacional, donde no cause daños al medio ambiente.
Agregó que es fuera de proporción que se quiera establecer en un parque protegido, una empresa dedicada a la elaboración de cemento, cuando técnicos nacionales e internacionales han comprobado el daño irreversible que se hace al medioambiente.
"Lo que se impone es que se de una mayor protección a las áreas verdes, a los parques nacionales, y que las empresas, como una cementera, que son altamente contaminantes, se establezcan en otras zonas", sostuvo.
Aseveró que corresponde a los organismos oficiales competentes tomar las medidas de rigor, para siempre proteger los recursos naturales, y limitar las acciones de empresas, que como una cementera, produce una alta contaminación ambiental.
Indicó que luego de la disposición mediante la cual se prohíbe que continúe la construcción de la obra, lo que se impone ahora es que haya una sentencia de prohibición definitiva.
Añadió que es una violación de las leyes de protección al medio ambiente y la institucionalidad, cuando se permite que empresas nacionales e internacionales se establezcan en áreas nacionales que deben y tienen que estar protegidas.
