El gobierno venezolano avanza en sus planes para establecer lo que llama una "democratización" de los medios de comunicación, mientras los medios afectados denuncian un ataque a la libertad de expresión.
La propuesta de ley sobre "delitos mediáticos" presentada la semana pasada por la fiscal Luisa Ortega fue uno de los más recientes pasos hacia la transformación del panorama mediático del país, aunque el proyecto fue desestimado el martes por la Asamblea Nacional de Venezuela.
El otro, anunciado el pasado sábado, fue la revocación de la concesión de 34 radios, las primeras de una lista de más de 200 emisoras que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) considera en falta con los requisitos administrativos que marca la ley.
Las reacciones no se hicieron esperar, y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras, Human Right Watch o Amnistía Internacional alertan sobre el deterioro de la libertad de prensa en el país, también denunciado por los medios opositores que ven un intento de acallar las críticas a la gestión del presidente Hugo Chávez.
Por su parte, el gobierno y las organizaciones que agrupan a radios comunitarias y a periodistas socialistas, afirman que las nuevas propuestas y acciones buscan en realidad la "democratización de los medios" y regular lo que denominan el "terrorismo mediático".
La conflictiva relación de Chávez con los medios opositores de su país no es nueva, pero las recientes medidas suponen un paso más en la batalla comunicativa.
"Terrorismo mediático"
Modaira Rubio, escritora y periodista y miembro del Consejo de Comunicadoras y Comunicadores Socialistas, explicó a BBCMundo que "el gran problema, como existe en todas partes del mundo, es el enfrentamiento que hay entre el derecho del pueblo a una información veraz y oportuna y a programas de entretenimiento de altura, y los intereses económicos y políticos de una oligarquía mediática que tiene en sus manos el control y el uso de esos medios de comunicación".
"Es un debate que estamos generando desde 2002, cuando se dio un golpe de Estado y los medios de comunicación privados actuaron descaradamente a favor de ese golpe militar que sufrimos aquí en Venezuela", agregó Rubio.
La periodista hizo mención al comportamiento de los medios privados en contra del gobierno revolucionario bolivariano y a "las constantes bolas, rumores, que lanzan a la calle, que no hay leche, que no hay azúcar, que se va a acabar la gasolina, y que atemorizan a una parte de la población."
"Aquí se está debatiendo una nueva ley de educación, y los medios comerciales acaban de lanzar una matriz de información donde decían que el Estado iba a quitar a la gente la patria potestad de los hijos y las hijas, y todo esto genera un ruido y un malestar que es lo que nosotros llamamos terrorismo mediático", explicó la comunicadora.
Control
Para Carlos Correa, director de la ONG en defensa de la libertad de expresión Espacio Público, el proyecto de ley que se quiso presentar contrastaba con lo que sucede en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, porque "todo lo que tiene que ver con penas privativas de libertad asociadas a delitos de opinión están en un proceso de retroceso ".
Con respecto a los "latifundios mediáticos" que el gobierno venezolano quiere desarticular, Correa explicó que según los datos del propio ministro de Obras Públicas Diosdado Cabello, "alrededor de 30 familias controlan el 37% del espectro (radioeléctrico), si esto es así no estamos ante un proceso de concentración como la que puede tener Estados Unidos, o situaciones como la que se pueden vivir en Colombia".
El director de Espacio Público afirmó además que "el Estado controla el 12 por ciento del total del espectro, quiere decir que tiene más que la cifra que establece la propia regulación de ley orgánica de telecomunicaciones", que establece que ningún propietario puede tener más del 10%.
Un poder mediático oficialista que fue consolidándose con el tiempo, y que buscaba responder a las voces opositoras de los medios.
La pregunta que surge es si las leyes en discusión o que ya se han implementado miden a la prensa oficialista con la misma vara, cuando en algunos casos también puede caer en la descalificación y el mensaje agresivo hacia quienes son considerados adversarios políticos, habitualmente llamados "lacayos" o "cachorros del imperio".
Debate público
Para Carlos Correa, lo que está ocurriendo es que "se está fracturando la posibilidad de que alguna persona pueda llevar un mensaje a nivel nacional, con estas regulaciones que se anuncian, no habría canales para sectores críticos o de oposición a este gobierno para hacer llegar su mensaje."
Otros opinan distinto, como el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, que después de su reciente visita a Venezuela dijo al diario El País que "hay un sector de medios de comunicación muy crítico con Chávez. Creo que el nivel de libertad de expresión es satisfactorio".
A pesar de las críticas por el afán de control sobre los medios, la organización con sede en Washington Human Right Watch reconocía en un informe de 2008 la existencia "de un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo a Chávez", aunque advertía de la "creciente intolerancia" oficial.
Entre las alertas sobre lo coercitivas y arbitrarias que pueden resultar las medidas del gobierno venezolano y los ideales de una prensa democrática, responsable y de interés ciudadano se plantea un debate de profundas implicaciones políticas: el derecho a la información, la ética periodística y la libertad de expresión.
Como concluye la periodista Modaira Rubio, "ese debate también hay que plantearlo, después de lo sucedido en Honduras, en todo el continente: cuál es el papel de las empresas de comunicación en el sostenimiento de nuestras democracias aquí en América Latina."
