La iniciativa de la Agencia Martínez Investigation de Miami, que preside Ángel Martínez, de acudir a la Junta Central Electoral (JCE), para que investigara un acta de defunción falsificada a nombre del cubano-estadounidense Antonio Armando Caballero Fernández, para cobrar a una empresa multinacional de seguros 16 millones de dólares, puso sobre el tapete la maquinaria delincuencial que opera en esta institución.
Los datos aportados por Martínez llevaron a los investigadores de la JCE a determinar que en efecto esta acta de defunción tenía serias irregularidades. No sólo eso, sino que la pesquisa determinó los posibles implicados.
El 14 de agosto, mediante un oficio enviado al doctor Roberto Rosario Márquez, firmado por el licenciado Mártires Santana Reyes, sub.-director de seguridad y el doctor David II Feliz Rodríguez, se detallan las investigaciones realizadas.
Los investigadores expresan: resulta que al examinar exhaustivamente la referida acta de defunción, pudimos observar que la misma está plagada de irregularidades, entre las cuales podemos citar las siguientes: 1- el acta no está firmada por el declarante; 2-en dicha acta se consigna como desconocida la causa de muerte, cuando la misma debió originarse en el supuesto accidente aéreo; 3-la declaración que aparece en el acta, de que el lugar de fallecimiento del inscrito fue la aeronave pilotada por este, cuando de la misma no se encontraron rastros;4-la corrección indebida en el folio por vía administrativa de la fecha de muerte del inscrito, cuando debió hacerse mediante el proceso legal de ratificación, establecido por la ley 659 sobre actos del Estado Civil; 5-la indebida admisión de la declaración de defunción, sin antes haber recibido las respectivas instrucciones del presidente de la Junta Central Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo III del Articulo 78 de al referida ley 659.
En la página 5 del informe de la comisión, resulta que justamente en el momento en que agotábamos personalmente la afanosa búsqueda del solicitado expediente, hizo su entrada a las oficinas de la delegación, con ciertos aires de asombro, el delegado de defunciones, señor Louis Fernando Pérez Cuevas, preguntando con discreción a una de las empleadas, el móvil de nuestra visita. Al referirle en alta voz los datos del citado expediente, pudimos observar que se produjo el desplazamiento hacia el lugar donde nos encontrábamos, para comentarnos que ese expediente había sido llevado personalmente por él al doctor Servio Tulio Almánzar, en dos ocasiones, incluso le dijo a una de las empleadas de la delegación que lo mantuviera aparte en un lugar visible; que realmente él no sabía lo que estaba pasando con esa defunción, porque en su caso lo único que hizo fue darle cumplimiento a una sentencia del Tribunal que ratificó esa declaración, a lo cual evidentemente, no podía negarse, agregando, además, que según le informó el abogado de la viuda del muerto, un grande y fuerte hijo del extinto general Francisco Alberto Caamaño Deñó, que alrededor de ese difunto se movían unos millones grandes, terminando el comentario con la información de que dicho abogado le había dejado sus números telefónicos, los cuales a solicitud nuestra accedió a suministrarnos.
Pudimos comprobar al ver la nota con dichos números telefónicos, que se trataba del señor Román Ernesto Caamaño Vélez.
Posteriormente, el abogado Caamaño Vélez, en unas declaraciones publicadas en Listin Diario, atribuye la mención de su nombre a una campaña para desprestigiar la figura de su padre, lo cual es una irresponsabilidad porque su actuación fue y es personal. Existe un informe de la JCE que determina que esa acta fue falsificada y se pretende cobrar por un avión y un muerto que no aparecen 16 millones de dólares.
La figura de Caamaño Deñó nadie, incluyendo su hijo, puede dañarla simple y llanamente porque el coronel de abril tiene una dimensión tan grande que nadie puede empañar, incluyendo esta actuación de uno de sus hijos, no todos los hijos y las hijas de este patriota se manejan con seriedad, sin hacer bulla y honrando a su padre, llevando vidas dignas sin tener que arrepentirse de nada ni mucho menos usar su nombre para escudarse, evadiendo de ese modo responsabilidades personales, no política ni histórica.
Es lamentable que esto suceda.
Lo cierto, es que ahora se agrega otro caso, el del confeso narcotraficantes José Figueroa Agosto, buscado por escaparse de una cárcel federal en Puerto y por los 4-6 millones dólares encontrados en un parqueo de una lujosa torre.
Este boricua usaba tres cédulas dominicanas con diferentes nombres. Estas cédulas se expidieron en la JCE , y también, se incautaron relojes de marcas, armas y un carne de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
El festival de falsificaciones en la JCE incluye al colombiano Héctor de Jesús Rodríguez Espinosa, que usaba varias cédulas, y qué decir a los miles de documentos, en particular cédulas, que se falsifican, actas de nacimientos y de defunciones.
En la JCE se falsifica al por mayor y al detalle.
Ojo con eso porque estas falsificaciones las usan los capos.
Justo es reconocerlo, que el presidente de la JCE administrativa, en la falsificación del acta de defunción de Caballero Fernández para el cobro de los 16 millones de dólares, actuó con firmeza ordenando una investigación que reposa en la presidencia de la JCE para ser conocida en el pleno, un caso grande y que merece atención.
Felicitamos a Ángel Martínez, por la investigación realizada que condujo a la JCE a comprobar las irregularidades y la cooperación de Feliz Reyna, que hizo posible llevar el caso al despacho del magistrado Rosario Márquez.
Otra cosa, no soy detective privado ni mucho menos represento la compañía multinacional de seguros y Proseguros. Si canalicé que el señor Martínez llevara sus inquietudes a la JCE.
