El Ministerio Público tiene plazo hasta mañana a las 10:00 de la noche para solicitar medida de coerción a los tres generales y demás arrestados en la operación Coral 5G, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción administrativa.
La solicitud de medida de coerción será depositada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los generales arrestados son Juan Carlos Torres Robiou, de la Fuerza Aérea y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
La Operación denominada Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
El caso denominado Coral 5G, que es una prolongación del denominado Caso Coral, en el que fue arrestado el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adan Cáceres Silvestre.
Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega. Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público logró prisión preventiva contra Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Al grupo se le atribuye el abultamiento de la nómina en el Cusep y Cestur para apropiarse de fondos públicos.
