Tamayo, Bahoruco.- El exdiputado Rafael Méndez pidió a la Procuraduría General de la República disponer que el Ministerio Público realice una “investigación más exhaustiva y precisa para que se vea con claridad meridiana que “no son simples terrenos agrícolas, si no concesiones mineras de donde el ingeniero Francisco Pagan, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), extraería la principal materia prima para la fábrica de cemento que se proponía instalar”.
El pasado legislador por esta provincia dijo “que es bueno que se sepa que lo que el ingeniero Pagan negoció no fueron simples terrenos pedregosos y arcillosos, aunque eso es lo que al encartado le interesa, sino concesiones mineras, muchas de ellas propiedad de dominicanos y extranjeros, entre ellos colombianos.
“De ahí que sería muy bueno que en la investigación se incluyan a los propietarios de las cinco concesiones mineras que reclaman terrenos en la zona, y que se supone que son quienes negociaron con el ingeniero Pagan, sino que también se deben investigar a muchos de los antiguos directores generales de minería, algunos de los cuales son propietarios y asesores de esas empresas concesionadas”, subrayó.
Y a seguidas precisó: “Al ingeniero Pagan no le interesaba terrenos para agricultura o ganadería, por eso lo que el ingeniero Pagan adquirió fueron concesiones mineras, que en su conjunto abarcan más de 30 mil tareas”.
Más aún: Con esas negociaciones el encartado pasa a ser el propietario de todos las tierras productivas y ganaderas, incluyendo los asentamientos agrícolas que están ubicados los distritos municipales de Cabeza de Toro, Altamira y algunas secciones y parajes del municipio de Tamayo, como Barranca, Honduras y Vuelta Grande”.
