Los magistrados Gissel Méndez y Juan Mateo Ciprian, jueza penal del Distrito Nacional y fiscal titular de la provincia María Trinidad Sánchez, respectivamente, coincidieron en la necesidad y urgencia de aprobar en la República Dominicana, una ley de extinción de dominio, para lograr una mayor efectividad en la lucha y persecución del crimen organizado.
Las declaraciones de los juristas y servidores judiciales, Méndez y Mateo, fueron servidas en el marco de la celebración de un panel especializado sobre, La Extinción de Dominio y la Criminalidad Organizada, auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), con la asistencia de un nutrido grupo de abogados y periodistas, donde destacaron su viabilidad constitucional y pertinencia.
La magistrada Méndez explicó que apenas se recupera el 1%, de los bienes y dineros que son defraudas o robados, bajo diversas modalidades de crímenes, y lo peor aún, es el abuso y aprovechamiento que hacen los abogados del tecnicismo legal para eternizar los procesos, en detrimento de la justicia a la hora de lograr condenas y decomiso definitivo de bienes en un tiempo prudente.
Asimismo, Méndez informó, que el artículo 51, de la constitución, prevé el proceso o juicios de extinción de dominio, el cual vendría a establecer la mecánica procedimental para el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos, con el objetivo de reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales; además de zanjar las imposibilidades e impedimento que generan eventualidades como la muerte del imputado, la cual opera, al extinguir la acción penal, como un salvoconducto o legalización de riquezas de origen espurios e ilícito, en beneficio de los familiares herederos, entre otras tantas eventualidades.