MI SENTIR
Las Superintendencias del Estado dominicano, son órganos de regulación descentralizadas que velan por el buen funcionamiento de los sectores especializados que se dedican a prestar servicios desde el ámbito privado a la sociedad dominicana.
Entre esos órganos de regulación, contamos con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que regula el funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Bancos (Sb), que regula el funcionamiento de la Banca Comercial, la Superintendencia de Seguros (Sg), que regula las empresas prestadoras de Servicios de Seguros, la Superintendencia de Electricidad (Sie), que regula el Sector Eléctrico, la Superintendencia de Pensiones (Sipen), que regula las Administradoras de Fondos de Pensiones, la Superintendencia de Valores (Siv), que regula el Mercado de Valores de la República Dominicana, entre otras, que operan bajo leyes especiales aprobadas por el Congreso Nacional que les confieren autonomía financiera y administrativas.
A su vez, las Superintendencias como órganos descentralizados del Estado dominicano, se encuentran adscriptas a diferentes Ministerios que son los que presiden los Consejos de Dirección de las mismas, y estos son los que finalmente adoptan mediante resoluciones aprobadas por mayoría de sus integrantes las políticas a seguir por el órgano en cuestión.
De ahí, es que tomando en cuenta las diferentes variables que se presentan en el ámbito del sector regulado, los miembros de los Consejos de las Superintendencias adoptan las políticas salariales a favor de sus servidores en el interés de equipararlos a los niveles de montos que percibidos por los funcionarios y empleados de las empresas reguladas para evitar el éxodo de técnicos calificados que laboran para el Estado.
Desde ese punto de vista, es que hemos sostenido que los aumentos que se han producido en algunas Superintendencias del Estado, no son pecaminosos, ni mucho menos tienen indicios de corrupción, sino de que más bien obedecen a una necesidad o realidad del mercado porque los niveles de inflación que se registran en nuestra economía han obligado a ciertas empresas a reajustar los sueldos a sus servidores y eso podría ser visto como algo tentador por técnicos que les sirven al Estado y que devengan salarios inferiores para decidirse por optar por un empleo privado con mayores garantías sociales.
Lo mismo puede aplicar para los ejecutivos principales de las Superintendencias del Estado, que mientras ven que en las empresas del sector privado que regulan, sus principales funcionarios devengan altos sueldos y otros beneficios marginales que no les son proporcionados por esos órganos reguladores, se ven obligados a regularizar su situación salarial para poder equipararse a los mismos como autoridad del sector.
Quizás el tiempo para tomar esas decisiones no fue el apropiado, y aun en medio de las actuales circunstancias económicas que vive el país, debió mediar una consulta previa al más alto nivel del gobierno para tratar de detenerlas con tiempo, porque la mayoría de esas Superintendencias tienen como norma aumentar los sueldos a sus ejecutivos y servidores en base a las reglas del mercado que dirigen para no desencajar en su ámbito de regulación.
Recuerdo que en el año 1997, cuando el Banco Mundial (BM), decidió patrocinar la creación del Indotel como órgano regulador del mercado de las Telecomunicaciones en el país, una de las principales condiciones que puso para otorgar el préstamo al Estado dominicano fue que sus incumbentes fueran designados con salarios iguales o por encima de los que percibían los ejecutivos de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones en el momento.
Fue así que para el año 1998, cuando se aprueba la Ley 153-98, el presidente del Indotel y los demás ejecutivos de ese órgano regulador fueron designados con sueldos semejantes a los ejecutivos de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones, porque también fue una exigencia de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), que es la entidad que agrupa a todos los órganos reguladores de las Telecomunicaciones en el mundo, lo que supongo deberían aplicar las demás Superintendencias del Estado en caso de que los órganos regionales e internacionales que las agrupan mantengan esa condición como mandato.
De manera, que en las decisiones tomadas por los Superintendentes que aumentaron los salarios en sus instituciones, lo único que faltó fue que primara un dialogo de alto nivel jerárquico a nivel del gobierno dominicano, porque esas revisiones salariales son normales y necesarias para la operatividad de esas instituciones, por cuanto cada consejo tiene la facultad de hacerlo cuando lo considere oportuno tomando en cuenta las condiciones que les imponga el mercado que regulan en el momento.
