Santiago de Chile.- Los ciudadanos de la Isla de Pascua aprobaron ayer por una contundente mayoría del 96,3% una reforma constitucional para controlar el turismo en ese pequeño territorio, situado en el Océano Pacífico, a unos 3.500 kilómetros del Chile continental.
Un total de 706 miembros de la etnia rapanui, de los cerca de 1.300 que integraban el padrón electoral, participaron esta inédita consulta popular, la primera que se realiza en Chile en el contexto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De ellos, el 96,3% (678 votos) se mostró a favor de llevar a cabo una reforma constitucional para regular la permanencia y residencia de los visitantes, a la que se opuso el 3,68% (26 sufragios) de los votantes, mientras que un 0,28% (2) de las papeletas resultaron nulas.
De esta forma, el Gobierno podrá enviar ahora al Congreso un proyecto para modificar el artículo 126 bis de la Constitución, con el fin de otorgar competencias especiales a las instituciones de la isla para fijar normas específicas que regulen la población.
La población de la isla se ha multiplicado rápidamente en los últimos años y supera las 4.000 personas, cantidad que para los isleños, que son unos 2.000, es excesiva y pone en riesgo la preservación ecológica y cultural de ese remoto territorio.
A ellos se suman más de 50.000 turistas que llegan cada año atraídos por los singulares ‘moais’, las estatuas convertidas en símbolo de esta isla, de sólo 163,6 kilómetros cuadrados y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, viajó ayer a la isla para supervisar este proceso y, tras conocer los resultados y comunicárselos a la presidenta Michelle Bachelet, se declaró "muy contento y satisfecho".
"Lo que sucedió hoy en Rapa Nui (nombre indígena de la isla) es una muestra concreta (de) que el mejor camino para alcanzar los acuerdos es el diálogo. Hoy en Isla de Pascua se dio un ejemplo al país de cómo se pueden resolver las demandas de los pueblos originarios", recalcó.
El Gobierno chileno tiene otro flanco abierto en esta materia en el sur del país, donde el conflicto mapuche, que enfrenta a miembros de esa comunidad con empresas forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales, se ha agudizado en los últimos meses.
En tanto, en la Isla de Pascua las quejas de los habitantes se comenzaron a oír con fuerza a mediados de agosto, cuando un grupo de lugareños ocupó durante dos días el aeropuerto de la isla para exigir mayor control migratorio.
El Ejecutivo anunció en septiembre que los turistas que llegaran a la isla deberían presentar una tarjeta de control migratorio especial, pero un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró esta medida "ilegal, arbitraria e inconstitucional".
Este histórico plebiscito se enmarca en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor el pasado 15 de septiembre y reconoce el derecho de los indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas que les afecten.
