Legisladores reaccionaron este jueves con argumentos a favor y contra sobre la inscripción de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pese a tener casos pendientes con la justicia (subjúdices), por acusaciones de narcotráfico, registraron sus precandidaturas en busca de competir en las elecciones del 2024.
Los legisladores Rosa María Pilarte (La Vega), Sergio Moya Goris (Distrito Nacional), Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo) y Nelson Marmolejos Gil (Santiago), inscribieron sus candidaturas teniendo procesos abiertos ante la Justicia.
Al abordar el tema, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por Monte Cristi, Rosendi Polanco, sostuvo que cada quien tiene derecho a inscribir una candidatura; sin embargo, entiende que es la organización política quien tiene la responsabilidad de deputarlo.
“De todas maneras, todos los que anotaron su candidaturas no tienen una sentencia definitiva, sino acusaciones que se ha quedado en rumores”, precisó.
La senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por provincia Puerto Plata, Ginette Bournigal de Jiménez, señaló que esos asuntos deben ponderarse, porque la Ley electoral es clara y hay que tratar de cumplir con las normas.
Bournigal de Jiménez dijo que como integrante de la Comisión de Disciplina hablará con demás miembros de la referida delegación para tratar esos casos; no obstante, aclaró que esos precandidatos son personas que están en un proceso y aún no están condenadas.
La legisladora consideró que a su juicio el partido debe enviar un mensaje para que la población recupere la confianza en la política y sus actores.
El senador por la provincia San Juan, Félix Ramón Bautista Rosario, criticó al partido de gobierno, pues sostuvo que ellos aseguraron que no permitirían que personas vinculadas a asunto de narcotráfico participen en el proceso electoral, al tiempo que indicó que el Partido Fuerza del Pueblo está muy claro en ese tema y tiene depurado quiénes pueden participar y quiénes no del proceso.
El diputado de Santo Domingo Este, por el Partido Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, indicó al respecto que el PRM piensa que con ponerle una cuota económica a los candidatos cubría todas las malas acciones de un aspirante y como resultado tiene en sus filas gente con cuentas pendientes en la justicia.
“La justicia ha sido ciega para una parte y con vista para otra parte y para una inscripción de una candidatura, no solo se necesita un papel de buena conducta sino que es necesario investigar qué ha hecho esa persona y que no”, aclaró.
Indicó que al final será la Junta Central Electoral (JCE), y el mismo partido que determinarán si procede, pero esa organización política debe llamarse a reflexión y ver qué hará con esa gente.
El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, explicó que en el caso hay dos vertientes: una de orden moral y ético y otra de orden legal. Dijo que ningún partido político puede impedirle a ningún candidato que se inscriba a una posición, porque haya sido mencionado en un expediente.
Manifestó que la Constitución es clara e indica que hasta que un proceso no adquiera la autoridad requerida, no es legal y cualquiera que no tenga una sentencia definitiva puede inscribirse en cualquier organización política y realizar todas las actividades normales de un ser humano.
“Eso es un proceso en desarrollo y el Ministerio Público está instrumentando, pero no ha emitido opinión al respecto y por lo tanto los partidos políticos legalmente no pueden prohibir a nadie sin sentencia definitiva que participe de un proceso electoral”, acotó Díaz.
Los legisladores han sido vinculados en operaciones de narcotráfico y lavado de activos en las denominadas operaciones Falcón y Calamar, cuyos casos están en fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El expediente se conoce en esa instancia, porque gozan de inmunidad parlamentaria.
Conforme al Ministerio Público, en la operación Falcón hay más de 30 personas involucradas, incluido a los tres diputados, bajo las imputaciones de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos que traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 2012, lo que -según la acusación-, llevó al grupo a acumular dinero ilícito por al menos 10,000 millones de pesos.
Aclarado: Esta información está ilustrada con tres de los congresistas que opinan en el escrito.
