El magistrado Pedro Antonio Sánchez Rivera sugirió a las autoridades concentrar mayores esfuerzos por transformar las estructuras disigualitarias y autoritarias entre las personas, donde la violencia está más enrazada.
El juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación resaltó la necesidad de que las autoridades continúen con la lucha de pasos firmes hacia la civilización plena, tendente a procurar el desarrollo de convivencias igualitarias.
Sánchez Rivera entiende se deben implementar políticas de prevención de acciones para reducir la violencia, orientadas en propuestas objetivas para el control del consumo de sustancias narcóticas.
Sugirió realizar actividades educativas, preventivas y de sensibilización dirigidas a todo ente social activo, las cuales les permitan involucrarse en la transformación de la violencia y en el desarrollo de comportamientos respetuosos y cuidadosos.
“Desde la prevención, es de rigor actuar antes y no después de situaciones que luego resulten imposibles de resolver”, manifestó el juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Sánchez Rivera habló también de impulsar investigaciones, nutriéndose de las experiencias extranjeras sobre las situaciones culturales, familiares y personales que generan la violencia, para luego en base a las mismas, después de haber sido detectadas, cimentar los aspectos educativos preventivos.
Identificó factores causantes de violencia, sin dejar de reconocer que los mismos no sólo relacionan triunfos, buenas costumbres y aptitudes, sino que, relacionan otros aspectos que ameritan especial atención, por que los mismos son elementos de causación de delitos y crímenes.
El magistrado entiende que todavía el país está a tiempo de impulsar nuevamente un pacto social por la paz, la convivencia y la seguridad, promover políticas, desarrollar sistemas preventivos de violencia, conductas desviadas y sus secuelas: el crimen y el delito.
“Crear un paradigma diferentes que vaya más allá del discurso, que se aproxime o permita erradicar la inseguridad, dolor evitable, sembrando los cimientos de la paz”, sostuvo.
Sánchez Rivera hizo sus planteamientos al pronunciar la conferencia “Prevención de la Violencia” durante su participación en el “VIII Curso Internacional de Criminología y Justicia Criminal en el Siglo XXI”, realizado hace poco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Expresó que la violencia, las adicciones o conductas desviadas, son llamados de auxilios de los hijos de la sociedad en procura de que sus gobernantes, más que perseguirlos y condenarlos, atiendan sus reclamos.
El magistrado dijo que la sordera de las autoridades, frente a esos reclamos, al conformarse con el castigo, conduce a que los mismos se organicen, se generalicen y la inseguridad, dolor evitable, transgreda todo esfuerzo posterior a las acciones enfocadas en la búsqueda del camino de la paz.
Advirtió que la violencia ha generado en el país un estado de inseguridad social, que hace imposible la coexistencia armoniosa de los ciudadanos que la integran y a voz de cuello, claman, por la búsqueda urgente de alternativas capaces de disminuirlas.
Señaló que la espina dorsal de la vida social organizada de los regímenes democráticos, fuera de todas dudas razonables, es la necesidad de seguridad, por lo que, salvaguardarla, garantizarla, es un aspecto esencial de la legitimación del poder ejercido por los gobernantes en cualquier comunidad.
Agregó que la represión como único método para combatir la violencia, más que obtener los resultados deseados, indica la escasa eficacia como método capaz de enfrentar el fenómeno del crimen. “No es posible erradicar la violencia con otro tipo de violencia organizada”, dijo.
Siguió diciendo que “la violencia destruye los cimientos que sostiene la sociedad, y la cura pretende ser la utilización de métodos represivos que no evitan que la sociedad sucumba inerte, la prevención es la medicina que necesita y requiere la nación, para que no adolezca del síndrome que genera la violencia”.
Según Sánchez Rivera, el sistema de justicia es incapaz de hacer frente a toda litigiosidad generada por la violencia, ni son suficientes los jueces, fiscales, abogados, policías, ni los tribunales, tampoco las cárceles.
“Basta de sueños, despertemos, es urgente un cambio de paradigma, unamos esfuerzos, voluntades y aptitudes que identifiquen la causa de la violencia”, exclamó.
El magistrado aclaró que ante la realidad del crimen generado por la violencia, el recurso de la vía represiva ha sucumbido, de ahí, que se considera la necesidad de la prevención del delito como objetivo importante del sistema de control.
Manifestó que el saneamiento a las consecuencias surgidas de la violación a las normas legales establecidas, supone costos económicos invaluables, tanto por la comisión de una infracción como por la reacción social frente a ella, estos costos son asumidos por los ciudadanos, y tienen su justificación en la reducción de los resultados del delito.
“La democracia sería una utopía, la paz, la seguridad y la justicia social una redundancia, si al Poder Judicial no se le permite o este se muestra incapaz de resolver la criminalidad más gravosa, entre estas el narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, terrorismo, comercialización de armas, contrabando, secuestros, evasión fiscal, corrupción administrativa pública y privada, nepotismo y todas las de prevaricación”, precisó.
