La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, aparentemente, desconoce que los grados de los militares y policías activos o en retiro, no deben ser omitidos en un Decreto Presidencial y más cuando se trata de una posición relacionada con la institución a la que perteneció o pertenece.
Desde la perspectiva institucional, entre las implicaciones que tiene el omitir el grado o rango militar o policial en estas órdenes gubernamentales podría estar la falta de reconocimiento hacia la trayectoria y el mérito de los oficiales, ya que el rango es una parte fundamental de su identidad profesional y un reflejo de su experiencia y dedicación al servicio.
La omisión del rango en los decretos puede generar, sin dudas, confusión tanto dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como en la opinión pública.
Los rangos y grados son esenciales para entender la jerarquía y las responsabilidades dentro de estas instituciones. La falta de esta información, dificulta la interpretación correcta de las decisiones presidenciales y la comprensión del impacto que estas decisiones tienen en la estructura de mando.
Además, desde una perspectiva simbólica y moral, podría percibirse como una desvalorización del esfuerzo y el sacrificio que los miembros de las fuerzas armadas y la policía han realizado a lo largo de sus carreras. Esto podría, a su vez, afectar la moral de los miembros activos y retirados, quienes podrían sentirse subestimados o invisibilizados.
Aunque la omisión del rango o grado en los decretos presidenciales puede no ser intencionalmente despectiva, sí tiene el potencial de ser interpretada como tal, lo que podría tener consecuencias negativas en la cohesión y moral de las fuerzas de seguridad del país. Sería prudente que las autoridades, en lo adelante, revisen esta práctica para evitar posibles malentendidos y mantener el respeto hacia la trayectoria profesional de sus oficiales.
