El excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, no se presentó este lunes 26 de agosto al primer llamado del Ministerio Público, situación que obligó a las autoridades a volverlo a citar de nuevo para prestar declaración en la mañana del martes, esto como parte de una investigación penal en su contra luego de denunciar fraude electoral en las elecciones del pasado 28 de julio, que dictaminaron polémicamente como ganador a Nicolás Maduro.
Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela y una de las personalidades más aliada a Maduro, además de ser un histórico militante del chavismo, fue la persona encargada de anunciar la obligación de González Urrutia de acudir al llamado del ente gubernamental, ese mismo que internacionalmente es acusado de favorecer los intereses del oficialismo en su dura persecución hacia la población opositora.
¿De qué se le acusa a Edmundo González?
El político de 74 años, mismo que se mantiene en la clandestinidad desde hace tres semanas, es investigado por la presunta comisión de delitos como “usurpación de funciones” y “forjamiento (invención) de documento público”. El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que “por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años”, la máxima en el país.
Mediante un video en redes sociales, González Urrutia definió este domingo 25 de agosto a Tarek William Saab como un “acusador político”, además agregó que “el Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.
Edmundo González junto a María Corina Machado, son acusados por los hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos. Cabe destacar que, en Venezuela, si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.
