Hace apenas unos días, cuando se conmemoraban los veinte años de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 193 países, entre ellos la República Dominicana (en marzo de 1991, y modificada a partir de entonces), se constató, una vez más, la decisión del Estado dominicano de cumplir sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos reconocidos a niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, la Convención se pronuncia por un conjunto de derechos universales para la infancia, que incluyen “una identidad, a un nombre y una nacionalidad, el derecho a la educación, y los derechos a disfrutar del mayor nivel posible de salud y a recibir protección contra el abuso y la explotación”.
De manera que no resulta posible entender, tal y como se publica en estas mismas páginas,que se haya “bloqueado” en Bonao, Monseñor Novel, un programa internacional destinado a apoyar económica y materialmente a menores pobres y desamparados de Maimón.
Desviar, obstaculizar o impedir que lleguen a manos de esta niñez desprotegida, los recursos que en este caso corresponden a un programa alemán de “Ayuda-a-la-niñez-dominicana”, significa violar derechos fundamentales que atañen a la supervivencia y el desarrollo de niñas y niños.
En esta dirección también corresponde al gobierno dominicano, tal y como apunta la Convención, “hacer todo lo posible para lograr que se cumplan estos derechos”.
Si bien en estas últimas dos décadas, se reconocen algunos logros en el país, UNICEF insiste en que: “El reto no es sólo aumentar el nivel del gasto social, sino de mejorar sustancialmente su calidad y efectividad.”
En realidad, “los derechos de los niños todavía se encuentran lejos de estar garantizados”, tal y como sentencia UNICEF. Que la ayuda enviada para los menores de Maimón se esté deteriorando en almacenes, e incluso, que puedan obstaculizarse futuras ayudas, significa violar las leyes y atentar contra esa capa tan vulnerable de la población, cuya pobreza diezma y mata.
