El Ministerio Público ponderó la decisión de la magistrada Fátima Veloz, que impuso como medida de coerción a los implicados en el caso Pandora, consistente en prisión preventiva, arresto domiciliario y garantía económica.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoció la medida de coerción, consideró como suficientes y suficientemente sustentadas las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
“Lo primero es que estamos satisfechos con la decisión del Tribunal y la forma cómo el Tribunal ha valorado la gravedad de los hechos de este proceso, de las 10 personas físicas imputadas y una persona moral”, expresó Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
Agregó que el Tribunal impuso prisión preventiva a siete de los implicados, arresto domiciliario a otra persona, que fue, incluso, solicitado por el Ministerio Público.
“También, impuso a otros dos, garantía económica, a una de tres millones de pesos, que es Víctor Santos, y a Ángel Gómez una garantía económica de dos millones, además de impedimento de salida y visita periódica. Al resto, evidentemente, les impuso prisión preventiva”, dijo Camacho.
También estuvo en el conocimiento de la medida de coerción Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público.
