Procuradores de Corte y Procuradores fiscales usufructúan apartamentos en una torre del ensanche Naco, lo que ha imposibilitado que el Ministerio Público de su visto bueno a un acuerdo a que se arribó entre las partes ante un problema generado entre los adquirientes.
El doctor Jorge Lora Castillo dijo que, desde hace tiempo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está a la espera de que la Procuraduría General de la República dé el visto bueno a un acuerdo al que llegaron los adquirientes de apartamentos de la Torre Crystal en el referido ensanche.
Lora Castillo dijo que esa respuesta de la Procuraduría ha sido imposible obtenerla a pesar de que no debe tener mayor interés por los que los propietarios creen de que está siendo usufructuado por procuradores de corte y procuradores fiscales.
El doctor Jorge Lora Castillo representante de uno de los propietarios dijo que la situación fue puesta en conocimiento por la procuradora general de la República Miriam German Brito.
“Se ha arribado un acuerdo, que ha tomado aproximadamente dos años concretizar que incluye la entrega a los afectados de los apartamentos. Sin embargo, la concretización del acuerdo, a pesar de que todos los inversionistas están conformes con el mismo, no ha podido realizarse, en espera de una supuesta autorización del Departamento de Persecución del Ministerio Público”, indicó en rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Dijo que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha aplazado varias veces la audiencia en espera de la solución alterna al conflicto, donde todas las partes están conteste y que solo están a la espera que la Procuraduría General de la República de su visto bueno.
“Los apartamentos de la Torre Crystal, que serían entregados a los afectados y víctimas, están siendo ocupados por Procuradores Fiscales y Procuradores de Corte, y estos no tienen interés de desocupar el inmueble.
El abogado dijo que se niega a creer que esa actitud de los fiscales sea lo que esté impidiendo la salvaguarda de los derechos de los afectados.
La obra fue financiada por la Corporación de Crédito Oriental S.A., acusados de un fraude que según los querellantes sobrepasa los 1,600 millones de pesos.
Los imputados en ese caso son Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba.
Desde agosto del 2013, la Superintendencia de Bancos realizó varias revisiones en la Corporación de Crédito Oriental, detectando en cada una de ellas irregularidades, que representan 20 sanciones administrativas y otras penales, expresa el Ministerio Público.
La acusación precisa que la entidad de intermediación financiera le otorgó un préstamo en dólares a la empresa Torre Crystal, por el monto de 14 millones 565 mil dólares y detectó que los pagos que se hacían a dicha empresa los imputados los usaron para su beneficio.
La entidad no contaba con un control sobre sus activos fijos, se hacían contratos de préstamos sin la autorización y sin contar con la firma del deudor, certificado financiero con el membrete de la Financiera Oriental y no suministraba información para la inspección del órgano regulador.
Contra el Consejo de Administración de la Financiera Oriental, S.A., y Corporación de Crédito Oriental, S.A. se habían presentado decenas de querellas.
La entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que les está prohibido a las Corporaciones de Crédito, así como a los Bancos de Ahorros y Crédito, según lo establece el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.
En agosto del 2018, la Superintendencia de Bancos asumió el control de la Corporación de Crédito Oriental S.A. para garantizar los depósitos de los ahorristas, luego que detectara irregularidades en la entidad financiara.
