Se ha hecho habitual conmemorar, celebrar o recordar días que significan una especie de “memento” de reflexión sobre determinadas efemérides o acontecimientos.
En este sentido, también existe un “Día Internacional contra la Corrupción”, y al transitar las horas póstumas de un año donde este nefasto flagelo, junto al narcotráfico, invadió si piedad el acontecer dominicano, vale la pena pensar en qué radicales medidas serán asumidas en 2010, para que dominicanas y dominicanos no sigan padeciendo de estos mismos males.
Ni hablar de los enriquecimientos ilícitos, y el envío a la cárcel de banqueros condenados, o de los muchos casos que han oscurecido el panorama nacional y no siempre terminan tras las celdas, ni parecen proclives a saldar las deudas contraídas con una sociedad agotada por los apagones y un período de violentos ajetreos sociales, políticos y económicos.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha demandado al gobierno dominicano mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción que ha hecho metástasis en muchas de las instituciones del Estado.
La demanda de FJT es parte de la opinión nacional, en cuanto a la necesidad de acompañar las leyes con una voluntad política capaz de combatir y perseguir el mal, trátese de quien se trate.
Existen los mecanismos, es cierto, la comisión de ética y un ministerio público; las legislaciones están plasmadas con claridad en cada documento. Sin embargo, aún la corrupción administrativa y las manifestaciones de nepotismo y otras variantes campean por su respeto.
La sociedad dominicana necesita ejemplos fehacientes, que sustenten la ejecución del control y fiscalización sobre los fondos públicos, tal y como plantea la Constitución.
Que la República Dominicana se halle entre los países con mayor grado de corrupción en la región, es algo que enlutese este 9 de diciembre, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como Día Internacional contra la Corrupción.
