Por su vigencia, por considerarlo de interés, reproduzco el siguiente artículo que publiqué el año pasado en diferentes medios digitales del país.
El narcotráfico responde a un esquema de relaciones de producción capitalista con característica de desarrollo al margen del sistema legal, en directa oposición a éste. El fenómeno del narcotráfico es preponderantemente económico, responde a una lógica de mercado producción-consumo.
Representa una de las actividades más rentables, y cuidado si es la más, en la economía mundial. Con estructura moderna, informal y difusa. Cerca de las estructuras de una empresa transnacional.
México y Colombia son ejemplo en ese sentido. Es evidente que con la aparición del narco –estado, el narcotráfico va más allá de un fenómeno criminal.
Por el gran poder económico con que cuentan los carteles de la droga, ha llegado a competir marcadamente, directamente con el Estado, e incluso a participar directamente en asuntos de política interna y externa de países de América Latina.
En nuestro país están los casos Quirino del Gobierno del PRD, y el caso Solano de este Gobierno del PLD, más otras ramificaciones que no se dan a conocer pero que están a la vista de todos en pueblos y comunidades.
Es preocupante, que no bien suena la denuncia responsable del senador oficialista Wilton Guerrero, cuando nos llega la del senador también oficialista Euclides Sánchez.
El senador de la Vega afirma, acusa de complacencia con narcos a las autoridades de ese municipio. Asegura que la fiscal del municipio, Carmen Jiménez, dejó de asistir a dos citas del juez de Instrucción José Martín, impidiendo así el proceso contra un reconocido narcotraficante que quedó en libertad.
El legislador del PLD ha reclamado a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio Publico que investiguen su denuncia, y afirma alarmado que una persona fue atrapada por la DNCD con estupefaciente en su hogar, donde hubo una balacera, y sin embargo fue absuelto por negligencia del ministerio público.
Mientras el tráfico y consumo de drogas crece en la Vega, extrañamente en esa ciudad hay menos narcotraficantes presos por ese delito.
Ante todas estas denuncias, ante la presencia tan arraigadas del narcotráfico, con un poder tan macado en lo económico, político, jurídico y policial, las implicaciones son grave para el desarrollo de nuestra democracia.
Uno no entiende que está pasando en el Gobierno, que ante la demostración de fuerza que exhibe la delincuencia y el narcotráfico, el presidente Leonel Fernández no se dirige al país, no reacciona con una demostración de fuerza superior. (El caso de Paya, el asalto del gobernador de Santiago, etc.)
Se observa en nuestra sociedad, que ante la complicidad de autoridades civiles y militares, ante la debilidad del sistema judicial, la gente peligrosamente está recurriendo al “vigilantismo”, el linchamiento, la represalia y otras formas de justicia privada.
Ante que sea demasiado tarde, el Gobierno debe convocar a una gran movilización de organizaciones empresariales y cívicas contra el crimen y el narcotráfico. Declarar un “estado de emergencia judicial” donde se aceleren los procedimientos de delitos graves (como el caso de Paya, etc.)
Pero, además, debe haber una respuesta de las organizaciones populares, hay que formar comité de vigilancia a través de las juntas de vecinos, organizaciones de padres y amigos, etc., para colaborar con las autoridades, con la policía, crear campañas educativas, que haya una regulación estricta de las armas de fuego y la venta de alcohol.
Recuerden, el funcionamiento eficiente de la fuerza policial no será suficiente si no hay una mayor presencia del Estado.
Dicen que “no sólo la pobreza genera violencia sino también el colapso del Estado, cuando este pierde el poder para decir que algo es bueno o malo e imponer un sistema de sanciones”.
La indiferencia no debe ser la pauta ante el auge del narcotráfico, si ella se impone, entonces con la inyección masivas de dólares a nuestra economía, estaremos muy cerca de “un narco-poder”.
No ha valido la cooperación internacional de las naciones, las reformas judiciales, las purgas policiales y militares; la producción, tráfico y consumo de drogas no ha dejado de aumentar. Uno se pregunta ¿Y es que al dejar correr el problema, nos quieren llevar a que, en su momento, asumamos la solución más radical, la legalización y comercialización de las drogas? Tal vez,” porque cuando las leyes que pretenden conservar valores morales generan mayores problemas de los que quieren remediar, es necesario reconsiderar sus fundamentos”.
Mientras tanto en nuestros países el problema de la violencia delictiva seguirá creciendo, sin que nos muestren soluciones verdaderas.
El autor es periodista
Frontera25.blogspot.com
