Es cierto que está en juego la seguridad nacional y la institucionalidad del Estado dominicano. Esto no es un secreto para nadie, claro está, y vale la pena reflexionar en relación con las afirmaciones del miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Cámara de Diputados, Pelegrín Castillo, cuando apuntó en una comparecencia televisiva que: “El Estado dominicano está en jaque y amenazado, porque hay muchas fuerzas internas y externas que de una u otra manera están trabajando, conscientes e inconscientemente, para declarar un narco-Estado, y eso hay que evitarlo porque significa, sencillamente, la liquidación de la soberanía”.
Pero, también es verdad que, como epidemia que no se ha controlado en su génesis, el tráfico ilícito de drogas es ya un problema político en la medida que afecta la capacidad de Estado dominicano para mantener el orden en el país.
Las contrariedades se agigantan cuando el principal receptor de sustancias prohibidas, los Estados Unidos, no corta los flujos, como los denomina el especialista, si no que se limita a lo que pueda afectarles.
Pelegrín Castillo asevera que para ese poderoso país, el tema de la droga sólo constituye un problema de seguridad nacional, cuando los narcotraficantes se alían a los terroristas. Pero, para la nación dominicana es muy diferente y hay que actuar hasta las últimas consecuencias.
¿Cuánto colabora el gobierno norteamericano con el dominicano en esta lucha? Las batallas son ya de carácter nacional y social. La percepción general es que a la República Dominicana se le ha ido de las manos el asunto, demasiado peliagudo y con la implicación de figuras adentradas en los más altos poderes. Dada la gravedad del asunto, la población espera las impresiones concluyentes del presidente. ¿Falta eso, verdad?
