Cuando se habló en los medios de comunicación acerca de la cifra total del Presupuesto Nacional dominicano para el actual año, estimado en unos 378 mil 900 millones de pesos, la prensa señaló la ausencia del monto complementario referido a lo invertido en las acciones de solidaridad con Haití.
De todos modos, el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, explicó durante su comparecencia en un programa televisivo, “que los fondos complementarios para reponer los recursos no contemplados deberían venir al país a través de préstamos con organismos internacionales”.
La voz popular repite que del dicho al hecho hay trecho. Montás expuso que el Plan de Desarrollo Nacional será sometido al Congreso por el gobierno el próximo 16 de de agosto, “previo a consultas ante la sociedad civil y la población en general”.
Y ahí es donde se pierden los caminos. Igual sucedió con la reforma constitucional, donde todo el tiempo se habló de reflejar el sentimiento popular en las cláusulas de la Carta Magna. Esta vez, se plantea que, precisamente después de la proclamación de la nueva Constitución, se llevarán a cabo dichas consultas.
Pero, ya se anuncia a toda voz que “el gobierno dominicano se verá en la obligación de modificar el presupuesto nacional previsto para este año, debido a los grandes gastos de recursos económico en los que ha incurrido en solidaridad con Haití ante la tragedia que vive la vecina nación a causa del terremoto que sufrió”.
Sabemos cuánto ha movido la República Dominicana de sus propios recursos para ayudar con los servicios médicos, medicinas, agua, comida, etc. Pero, ¿serán estas las causas que agudizarán la pobreza y el detrimento de la educación y los servicios de salud para las familias dominicanas? ¿Finalmente, la ayuda al pueblo haitiano se fundamentará con fondos complementarios internacionales, como se ha dicho? ¿Se justificarán nuevas privaciones en el país con la ayuda a Haití? Esto no sería justo para dominicanas y dominicanos, ¡claro que no!
