El titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, reveló este jueves que en República Dominicana existe una práctica de buscar subterfugios para interpretar las leyes y terminar favoreciendo a "potentados" en los tribunales.
Bonilla puso el ejemplo del caso que se le sigue al ex gobernador del Banco Central (BC), José Lois Malkún y otros tres ex funcionarios de la institución, acusados de estafar al Estado con RD$10 mil 600 millones, a través del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) y que los actuales funcionarios de la entidad financiera más importante del Estado buscan favorecer.
Los imputados son el ex gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, el ex vicegobernador Félix Calvo, el ex gerente, Apolinar Veloz, y el ex consultor jurídico, Manuel Rubio.
"Aquí hay un sinnúmero de elementos que se valen de una serie de subterfugios para procurar y lograr impunidad. Si fuera un infeliz, seguro que no se le atendieran, pero es un poderoso, por lo que se le busca un argumento inexplicable para decir que el hecho ha prescrito", dijo.
Lamentó que en el país exista una costumbre de que el funcionario que asume, tape las malas actuaciones de los que dejan el puesto, por si algún día le tocase verse en la misma situación. Rechazó que el caso haya prescrito, como lo dictaminó un tribunal, y que espera la decisión final sobre el caso que emita la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Recordó que República Dominicana es signataria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual tiene un mandato expreso que reza que los estados deben garantizar un término de prescripción para los casos de corrupción distinto de los delitos ordinarios.
Además, mencionó que el Código Procesal Penal establece que cuando los hechos no prescriben hasta los 10 años, que no es el caso mencionado, que data de la administración gubernamental del 2002 al 2004.
Durante su participación en el programa de televisión "El Despertador", de Antena Latina, el director de la DPCA dijo que salvó un funcionario irresponsable no actuará, "pero como yo entiendo no ser irresponsable, no tengo otra alternativa de proceder ante los tribunales contra esos señores".
Los cuatro ex funcionarios están implicados en la sustracción de 18 pagarés, con valor de 10,663 millones de pesos, correspondientes a la cartera de crédito de Bancrédito y que estaban en poder del Banco Central.
Los pagarés a que se hace alusión son aquellos que recibió el Banco Central como garantía de repago de las facilidades de liquidez otorgadas a Bancrédito, S.A, conforme al acuerdo tripartito suscrito entre el Banco Central, Grupo Financiero Nacional (GFN), S.A, y Bancrédito, S.A, en el cual se estableció el traspaso al Banco Central de la suma de RD$10,600 millones de las deudas de sus empresas vinculadas con GFN, S.A.
