Aquella vez fueron basuras o desechos transportados en barcazas desde Puerto Rico hasta las comunidades costeras de Manzanillo y Samaná, en el noroeste y nordeste del país.
Se trataba, en ese caso, de cenizas de carbón usado para procesar energía eléctrica, con una mezcla de arena y agua, la cual consideraron los especialistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias del país, como “rockash”, calificada, además, como peligrosa para el ser humano, “ por la presencia de arsénico, cadmio, berilio y vanadio, muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales".
Ahora, se trata de la empresa de capital canadiense Barrick Gold que, tal y como publicó en estas mismas páginas el colega Cristian Abreu, firmó un contrato considerado por expertos como lesivo para la República Dominicana, mediante el cual podrá explotar la mina de oro de Pueblo Viejo, entre las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.
Otra vez la voz popular se deja escuchar con fuerzas, de nuevo protesta la población ante lo que ocasionaría grandes daños a los recursos naturales de la zona y el medio ambiente en general.
Como en los tiempos del rockash, puede repetirse la máxima de que a nadie se le ocurriría echar la basura de su casa en la ajena; menos aún, si la inmundicia contiene deshechos tóxicos que afecten a los ciudadanos y violen sus leyes de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿Por qué deben empresarios foráneos de la Barrick Gold, adueñarse de los minerales de una parte sensible del territorio nacional dominicano y, encima, contar para ello con el apoyo de quienes debían despacharles a sus países para que lo intentaran allá? ¿Cuántos elementos puede subyacer en propósitos como estos?
Uno de los lectores de DominicanosHoy, añade en su comentario: “El NO a la Barrick… debe de llegar a todos los sectores de la República Dominicana, como un asunto de vida o muerte”. Estas líneas avalan tal decisión.
