Será en el mes de mayo, cuando la Dirección de Prisiones empezará aplicar los brazaletes a las personas favorecidas con libertad condicional, que en República Dominicana rondan los 7,000.
Los primeros localizadores electrónicos empezaron a utilizarse en enero del 2008 con personas con medida de coerción como presentación periódica a la fiscalía e impedimento de salida del país.
La aplicación se hizo con una muestra inicial de 10 brazaletes, siete para imputados de delitos menores y tres para casos de violencia intrafamiliar.
Para entonces, el comisionado de justicia, Alejandro Moscoso Segarra (hoy fiscal del Distrito Nacional), explicó que el plan piloto se desarrolló de manera exitosa en la provincia de Santo Domingo.
El aparato funciona como celular con números programados, con lo que el imputado sólo puede llamar a su madre, su médico y abogado. Sólo podrá ser retirado (incluyendo las autoridades) rompiéndole la pulsera.
El brazalete tiene como principal objetivo monitorear a los imputados que estén recluidos en su domicilio, establecimiento de salud o en determinado territorio, así como a personas con orden de protección.
La aplicación del dispositivo le causa un costo diario al Estado de 4 dólares. Esa medida de control a reclusos con medidas de coerción o libertad condicional se aplica países como en Estados Unidos, Unión Europea, Argentina.
