El presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla, advirtió sobre los efectos negativos para el país que provocaría la aprobación del proyecto de ley que pretende modificar varios artículos de la ley que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, No.4314 de 1955.
Macarrulla exhortó al Senado rechazar este proyecto de ley para evitar las negativas consecuencias que tendría en nuestra economía, el cual atentaría contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y alterarían el negocio inmobiliario y muchos otros.
El presidente del CONEP explicó que a través del proyecto de ley, recientemente introducido en el Senado de la República y pendiente de revisión por su Comisión de Justicia, se pretende ampliar las prerrogativas del Banco Agrícola Dominicano para retener los depósitos y adelantos de alquileres comerciales, de viviendas, de naves industriales e instalaciones para servicios hoteleros, turísticos o de recreación con el fin de capitalizarlas, lo que afectaría considerablemente al sector inmobiliario del país y a los propietarios e inquilinos.
“Si bien entendemos la necesidad de facilitar el crédito para los productores agrícolas y promover mayores inversiones en tan importante sector de la economía, disentimos de la forma en que se pretende lograr esto a través de depósitos obligatorios de los avances de alquileres efectuados por inquilinos en el país, lo que viola el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución pues se estaría privilegiando a un sector con fondos provenientes de particulares y crearía una distorsión en la economía”; expresó Macarrulla.
Macarrulla recordó que “la medida tomada en 1955 de imponer la obligación de depositar los avances de alquileres en el Banco Agrícola fue concebida en un contexto totalmente diferente al actual, la cual con los años cayó prácticamente en total desuso y no sería conveniente pretender imponerla mediante recargos obligatorios de un 20% por cada mes de retraso en el depósito de los avances de alquileres en el Banco Agrícola, haciendo por demás solidariamente responsables de este pago a los administradores de inmuebles lo que sería un absurdo o impidiendo a los inquilinos el suscribir contratos de servicios de energía, cable, teléfono, etc. lo que afectaría muy negativamente el negocio de bienes raíces en el país, el turismo, el comercio, entre otros y provocaría además un efecto no deseado de informalización de los alquileres para evitar estas descabelladas disposiciones”.
Invitó a las autoridades a buscar otras formas para facilitar el financiamiento agrícola y no insistir en una fórmula fracasada que no ha dado resultado desde hace años.
