Se le invoca, lo sugieren, lo proclaman, pero el fantasma del fraude se ha escindido en el pasado de nuestras contiendas electorales.
Se le clama como herramienta de justificación, pero gracias a muchas batallas y no pocos sacrificios, ha perdido su incidencia en la manipulación del veredicto de las urnas.
Ni siquiera ha podido reanimarse en las no muy añejas ocasiones en la que se integró un arbitraje parcializado, impuesto de forma imprudente y unilateral, por una fuerza que no supo administrar con sabiduría el respaldo electoral que le otorgó el control de los municipios, el Congreso y el Ejecutivo.
Pese a que los integrantes actuales del tribunal electoral en ocasiones han protagonizado discusiones públicas, nunca ha estado en juego la imparcialidad con la que han administrado los procesos.
Tanto ha avanzado la Junta Central Electoral, que se ha ido muy por encima de los partidos, que se han quedado rezagados en la improvisación y en el desconocimiento de sus propias decisiones.
Los partidos han pretendido seguir actuando como chivos sin ley, pero se han encontrado con un tribunal presto a colaborar para el desarrollo de todos sus procesos, pero implacable frente a los intentos de distorsión.
En estas elecciones hubo cumplimiento de la cuota de la mujer, porque la JCE fue intransigente con los intentos de todos los partidos de desconocer esa ley.
Rechazó candidaturas que no llenaban los requisitos de la Carta Sustantiva y de las leyes adjetivas, sin importar cuán firmemente aupadas estuvieran desde las instancias del poder o de la oposición.
En hechos sin precedentes, la Cámara Administrativa publicó la lista de los servidores públicos que siendo candidatos, no habían tomado la licencia que exige la ley, logrando que el 84%, que son a la vez el 100% de los que laboraban para el gobierno central, tuvieran que cumplir con ese requisito, aunque lamentablemente quedó rezagado el 16%, que trabajan en los cabildos.
Pero además, esa Cámara emitió una resolución contra el uso de los programas sociales del gobierno en actividades proselitistas, no ha establecido sanciones porque no está en su facultad, pero esa medida ha tenido una incidencia en los estado de opinión, que no puede ser ignorada.
El espíritu de un juego con igualdad de oportunidades, por parte de la JCE se ha hecho sentir con determinación.
Hay aún debilidades por superar, que no dependen de la voluntad de unos jueces que desde hace tiempo han querido contar con una reglamentación electoral, que les permita profundizar mucho más en la dimensión de las medidas que impidan en uso y abuso de los recursos del Estado, pero también de algo que se habla muy poco, la regulación de las contribuciones privadas.
Los testimonios que han estado ofreciendo los observadores de la de la Organización de Estados Americanos (OEA), son una contundente indicación de que el pasado ha sido superado con creces.
