Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la República Dominicana encabeza la lista de países con mayor centralización en la distribución del gasto público en la región.
El estudio realizado por Letelier para el BID, sugiere que si se parte del criterio de que mientras mayor es la densidad poblacional de un país mayor debiera ser su grado de descentralización.
El documento da cuenta de que en República Dominicana, el índice de descentralización fiscal es de 2.9%, mientras que en Honduras es de 12.3%
El estudio constata que los países de la región exhiben un bajo Índice de Descentralización Fiscal (IDF) para su nivel de densidad poblacional, aunque esto es más evidente en los casos de República Dominicana y El Salvador.
Mientras Nicaragua y Guatemala exhiben la más adecuada distribución del gasto público en América Central,
Los países como Nicaragua y Guatemala exhiben mayor grado de descentralización en la región a pesar de registrar menor ingreso por habitante y densidad poblacional.
No obstante, al comparar las transferencias que reciben los municipios de parte del Gobierno Central (como porcentaje de sus ingresos totales) con las competencias asignadas a los gobiernos locales, el estudio indica que Guatemala y Honduras aparecen como los países con mayor coherencia entre estos dos aspectos.
Mientras, República Dominicana y El Salvador registran excesivas trasferencias para las funciones municipales. En contraposición, Nicaragua observa transferencias insuficientes para las competencias asignadas.
La orientación del gasto en los sectores básicos de la economía y la sociedad, como educación, salud y agricultura forma parte de un reclamo generalizado de las instituciones privadas y las promesas más generalizadas entre los políticos en campaña electoral.
Al igual que en Costa Rica y Panamá, en República Dominicana la participación del gasto municipal como proporción del gasto del gobierno central no supera el 3.2 por ciento.
En República Dominicana están vigentes leyes que consignan porcentajes en favor de los cabildos (10% del Presupuesto) y la educación (4% del Producto Bruto Interno) que jamás han sido aplicados
Agrega que los ayuntamientos deben enviar trimestralmente a la Contraloría General, a la Cámara de Cuentas y a la Liga Municipal Dominicana (LMD), un informe que justifique el uso de esos recursos.
Sin embargo, indica que un aspecto controvertido es que la misma Ley 166 de 2003 establece que un 5% del 10% antes mencionado, será transferido a la LMD, organismo creado en 1938, cuyas funciones son de asesoría técnica, promoción de la cooperación y revisión de cuentas y presupuestos municipales.
Agrega que esta última función le fue asignada en 1965 en virtud de la Ley 637, y suele consignarse como un obstáculo a la autonomía municipal.
Indica que este organismo también cumple un papel de aval de la deuda municipal, la cual respalda –al igual que en El Salvador– conn base en las propias transferencias a los municipios.
Asimismo, explica que el comité ejecutivo de la LMD está constituido por un Secretario General más 32 representantes de todos los municipios, pero que la elección del secretario suele generar gran expectativa y controversia en la agenda pública dominicana.
De acuerdo con la legislación vigente, los recursos asignados a la LMD deben destinarse en un 40% para gastos administrativos, 5% para la creación de reserva y 55% “entre los municipios menos favorecidos”, pero el estudio señala que la ley no establece con claridad cuál es el criterio de asignación de este último porcentaje, circunstancia que facilita el clientelismo político y desvirtúa la función de este organismo.
El estudio plantea que si bien la descentralización como medio para fortalecer la eficiencia del Estado en la provisión de servicios públicos no se encuentra explícita en el mensaje político de la región, en años recientes se observa una evidente voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de las finanzas locales.
Esa situación se expresa, entre otros factores, en la introducción de mecanismos de transferencia desde el Gobierno Central en beneficio municipal. Esto ha significado un importante incremento en los recursos disponibles en los niveles locales de gobierno.
Sin embargo, también señala que ha hecho patente la debilidad de los municipios centroamericanos y de la República Dominicana para generar ingresos propios.
El estudio observa que es altamente probable que la descentralización favorecerá una estructura más heterogénea de gasto público al interior de los países.
El efecto neto de una mayor descentralización en funciones específicas del gasto público exige considerar tanto los beneficios de una mejor asignación de recursos como los potenciales costos asociados a la peor coordinación y pérdida de economías de escala.
El estudio advierte sobre la importancia de considerar qué condiciones de contexto deben cumplirse para que la descentralización genere los efectos esperados o, al menos, no provoque un efecto neto negativo sobre la eficiencia económica.
