Hace dos décadas que general Barry McCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, reveló en un documento que en la década de los años noventa, las drogas ilícitas causaron la muerte de más de 100 mil personas y costaron más de 30 mil millones de dólares en cuidados de salud.
Si calculamos estas cifras en dos décadas al 2010, en los Estados Unidos murieron por los efectos devastadores de las drogas narcóticas 300 mil personas y el gobierno invirtió 900 mil millones.
Estos factores llevaron a McCaffrey a plantear que “no existe ninguna solución mágica que pueda erradicar de la noche a la mañana el consumo de drogas”.
Para entonces, en los Estados Unidos, la población de consumidores no sobrepasaban los cincos millones de adictos. Sin embargo, los últimos datos estadísticos de las agencias que combate en Norteamérica el consumo y tráfico de estupefacientes sitúan a 24 millones de ciudadanos de esa nación consumidores de drogas.
Se estima que anualmente la venta de drogas en los Estados Unidos genera una ganancia de 125 mil millones de dólares a los traficantes de las calles.
La prestigiosa Revista The Economy, publicó en 1985, que el narcotráfico movilizaba 500 billones de dólares y solamente para corromper a las autoridades en América Latina, los carteles destinaban 100 mil millones.
Según MacCaffrey la guerra contra las drogas “es engañosa” y plantea que “eso implica un ataque instantáneo, abrumador. En una guerra se derrota a un enemigo. Pero en este caso, -quién es el enemigo-. Nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. La metáfora empieza a desintegrarse. Estados Unidos no libra una guerra contra sus ciudadanos. A los adictos crónicos hay que ayudarlos, no hay que derrotarlos”.
Otros investigadores de la lucha contra el narcotráfico entienden que no se derrota “al narcotráfico, sino a los traficantes cuando son apresados porque las estructuras del crimen organizados permanecen, y otros pasan a ocupar la posición del traficante apresado (derrotado)”.
Los gobiernos de los Estados Unidos con base a estudios y resultados de sus políticas determinaron crear la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, la que dirigía MacCaffrey para centralizar el trabajo en los programas de prevención, rehabilitación y combate del tráfico de drogas.
Corresponde a esta oficina asesorar al presidente de los Estados de Norteamérica en esta política. Tanto la DEA como otras agencias obedecen a los lineamientos de esta dependencia en la lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones.
Concluida la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hubo un cambio de rumbo. Ya no se combatía el comunismo, sino el narcotráfico cuya bandera es portada por los EEUU, por ser el mayor consumidor.
La complejidad del consumo y el tráfico de drogas afecta a todas las regiones: América, el Caribe, Asia y África. Es un problema global.
Recientemente, el presidente de los EEUU, Barack Obama, se reunió con el presidente de la República Dominicana , doctor Leonel Fernández Reyna. Uno de los temas fue la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
En los gobiernos del presidente Fernández se ha golpeado contundentemente el narcotráfico: los casos de Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don), el mayor caso de narcótica; la matanza de Paya, Baní donde cincos coroneles de la Marina de Guerra, ejecutaron a siete colombianos en un tumbe de l,200 kilos de cocaína y una suma millonaria de dinero en dólares, euros o pesos y el más reciente, por citar tres de José Figueroa Agosto.
También, varios sicarios responsables de cincos muertes en el caso Figueroa Agosto, están presos, les confiscaron armas de guerra, silenciadores y explosivos.
El caso Quirino se inició, la investigación en el gobierno de Hipólito Mejía, y su apresamiento, sometimiento a la justicia y extradición estuvo a cargo del gobierno de Fernández Reyna.
Esto habla muy bien de su política anti-narcóticos.
Partiendo de una serie de casos donde se involucran a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía en acciones de narcotráfico, y otros delitos el presidente debería ponderar crear la Agencia Nacional Anti-narcóticos (ANA), que dependa directamente de su despacho. De esta manera, ese organismo velaría porque la lucha contra el narcotráfico sea transparente, firme y de resultados evitando la dispersión que existe porque las instituciones castrenses, la policía, la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), tienen oficinas para el combate del narcotráfico. Esto crea problemas porque algunos de ellos ingresan con la ambición de hacerse millonarios traficando o protegiendo a los capos. El éxito de la lucha contra el narcotráfico es una inteligencia altamente confidencial a cargo de un personal entrenado.
El asunto no es si es civil, militar o policía el que debe formar parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), es más que eso: entrenamiento, depuración, buenos sueldos, logística y centralización tal como opera la DEA que apenas tiene 2 mil agentes en el mundo que son capaces de preparar grandes decomisos.
Un agente de la DEA tiene todo lo que necesita para su labor, y cuando llega el momento de su retiro la agencia no los abandona.
Si en los Estados Unidos la DEA es eficiente por qué no seguir su plan de trabajo adaptándolo aquí y ahora. La ANA podría ser una solución para que la DNCD sea más eficiente. Un agente de la DNCD posee un sueldo insignificante, mientras se expone a grandes peligros y las tentaciones del narcotráfico. Estamos en un momento de mirar hacia el factor humano de esos hombres y mujeres de la DNCD, que no se han corrompido, algunos de ellos prestando servicios desde la fundación y que merecen ser distinguidos en vida, no cuando mueran.
Presidente, pa lante con la ANA.
