Altagracita Rivas se integra a los 250 mil menores que no pudieron comenzar las clases este 17 de agosto cuando, supuestamente, cada niña y niño iniciaría un nuevo curso escolar en la República Dominicana.
Y no sólo se trata de la carencia de aulas; o de asistir y recibir las clases sentados sobre bloques, bajo árboles o en el suelo mismo. En el caso de la pequeña con quien comienzan estas líneas, su ausencia en un recinto escolar se debió a que su mamá, madre soltera, no pudo completar los requerimientos de ropas, mascotas, libros, cuadernos y otros útiles escolares, cuyos precios, como bien se conoce, cada año son superiores a las posibilidades de cualquier hogar humilde en el país, que en definitiva son la mayoría.
Según afirmó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho, una mayor inversión en la educación ayudaría en este sentido, sobre todo porque “la educación es un servicio, no una mercancía cualquiera de comercialización”.
Por su parte, el ministro de Educación, Melanio Paredes, responsabiliza a los padres de la baja asistencia de los menores a las escuelas públicas en este nuevo año escolar. Pero, aquí existe un antagonismo con el cual no puede estar de acuerdo, ni el ministro, ni nadie que respete su posición.
No es posible converger en el criterio de Paredes al afirmar que “como es costumbre de los dominicanos, la mayoría de los representantes de los alumnos no estaban preparados para mandar sus hijos a tomar docencia”.
Si esto funciona así, tienen que existir leyes radicales que obliguen a los progenitores a que sus hijos asistan a la escuela. Pero, no se trata sólo de esto. Como se ha señalado siempre, no existe en la República Dominicana un presupuesto acorde con sus necesidades educativas y mucho menos un concepto real de que la educación, al igual que la salud, no puede ser un negocio.
Se sabe perfectamente que no son suficientes las campañas referidas por las autoridades de dicha cartera, dirigidas a anunciar el inicio del año escolar, porque aún cuando no se justifiquen los padres que “por dejar de beberse una cervecita”, dejaron de matricular a sus hijos, el sistema, en su esencia, no responde a las matrículas de niñas como Altagracita y los otros miles que hoy mismo miran al futuro sin la esperanza que debe acompañar sus días de formación y aprendizaje.
No, señor ministro, no se trata sólo de negligencia de los padres. Usted lo sabe bien.
