Un ex diputado, llamado Antonio Leal dijo que quizás sean más de 33 los mineros que están atrapados desde el pasado 6 de agosto en la mina San José, pues existían allí trabajadores indocumentados de nacionalidad peruana y boliviana que no aparecen en los listados oficiales.
Leal asegura que el derrumbe pudo evitarse y que la responsabilidad de este desastre recae sobre los dueños de la minera.
Es cierto que estos análisis habrá que hacerlos después, como sucede con los accidentes de aviones: “revisar esa caja negra” de cuyo contenido se conocerá quiénes son responsables y deben responder por tan espeluznantes hechos.
Pero, mientras transcurre cada minuto y las probabilidades son más escasas de hallarles con vida, la desesperación de familiares y amigos de las víctimas trasciende al territorio chileno para llegar a cada uno de nosotros con reflexiones tales como estas: los mineros tienen en contra, como se ha dicho, la deshidratación, el gasto de energías, la carencia de oxígeno, ausencia de agua y provisiones necesarias.
Entonces, el pensamiento se revela: si como se ha planteado, la mina se hallaba en muy mal estado, imposible confiar en un refugio mejor, con aire suficiente. La pregunta es, ¿por qué deben los más desprotegidos y humildes pagar las negligencias y abandonos de quienes asumen que lo importante es explotar al máximo los recursos, en este caso minero, sin considerar que lo primordial de su empresa es su personal o fuerza de trabajo y la seguridad de sus vidas?
Quizás si quienes mandan y compran tratasen a sus empleados como les gustaría a ellos ser tratados y cuidados, no tuviéramos hoy a más de 30 seres agonizando bajo la tierra, tal vez ya difuntos, esperados por familias enteras que lloran desde ya su luto.
